La posible adhesión de la Argentina a un nuevo marco normativo sobre el uso de semillas, que el presidente Javier Milei planteó en su discurso del domingo en el Congreso, volvió a exponer un contrapunto de larga data en el ambiente agropecuario sobre las patentes y su reconocimiento económico.
El tema, que había sido incluido en distintas versiones de la Ley Bases que fue presentado en el Congreso por el Gobierno, pero fue retirado en la última ocasión, finalmente aprobada, volvió como parte del acuerdo comercial recientemente firmado con Estados Unidos.
Lo que se discute es si Argentina adhiere a lo establecido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en un acta de 1991, en reemplazo del acta de 1978, que es la que está vigente.
La diferencia entre UPOV 78 y UPOV 91 pasa fundamentalmente por dos aspectos. La normativa más reciente limita el uso propio a fines no comerciales y regula las variedades esencialmente derivadas (una manera de limitar copias de mejoramiento genético que pretendan nuevos registros con cambios insignificantes).
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldaron de manera explícita la adhesión a UPOV 91, convencidos de que “modernizar el régimen de propiedad intelectual vegetal constituye una prioridad estratégica para recuperar competitividad y revertir el atraso normativo acumulado durante décadas”.
Consideran que el esquema vigente dejó a la Argentina al margen del estándar internacional actual, adoptado por más de 60 países. Y que la actualización permitiría brindar mayor previsibilidad jurídica, incentivar la inversión en investigación y desarrollo y evitar que proyectos y capitales migren hacia mercados con reglas más claras.
ASA entiende que la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas fortalecería la protección de los obtentores y generaría mayor transparencia en la cadena.
Y enfatiza que "el nuevo marco no implica eliminar el uso propio, sino regularlo de manera equilibrada dentro de parámetros modernos y sostenibles".
Subrayan que la modernización del sistema de semillas es una condición necesaria para aumentar rendimientos, mejorar productividad y consolidar el liderazgo del agro argentino en el comercio global.
Y se manifestaron “a disposición a trabajar junto al Gobierno y el Congreso para avanzar en una reforma estructural que, aseguran, permitirá transformar el nuevo marco legal en más producción, empleo y competitividad”.
En contraste con esa posición, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) consideró que la vigente UPOV 78 “permitió impulsar el mejoramiento genético, fomentar la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, preservar un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”.
Para CARBAP, ese equilibrio histórico es clave. Sostienen que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual y promuevan la innovación, pero advierten que "la adhesión al Acta 1991 no representa el camino adecuado para la realidad productiva argentina".
Entienden que UPOV 91 amplía los derechos del obtentor y restringe el uso propio, modificando el balance entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta en el campo, y que "el debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores", porque “la Argentina ya cuenta con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas y una base tecnológica consolidada”.
Argumentaron que el problema no radica en la falta de voluntad de pago por parte de los productores, sino en "la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado que brinde previsibilidad a todos los actores".
Plantean que “es posible modernizar la legislación vigente dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, fortaleciendo la transparencia del sistema y asegurando herramientas eficaces para que los obtentores protejan y perciban ingresos por su trabajo, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina.
Asociaron la discusión con otra cuestión clave: los Derechos de Exportación (DEX). Para la entidad rural, “mientras persista esa carga impositiva, cualquier debate sobre incentivos tecnológicos quedará condicionado. Los DEX constituyen el principal obstáculo estructural que hoy limita el aumento de la producción y la inversión, más allá del régimen de semillas que se adopte”.
Fuente: Clarin Rural
