El mantenimiento de los caminos rurales se cuenta como una gran deficiencia en las prestaciones de los municipios bonaerenses, a pesar de que buena parte de ellos aumentaron de manera significativa las tasas viales este año, con subas que en muchos casos superaron el 100% interanual.
En el caso del partido de 9 de Julio, los productores aseguran que hay “falta de transparencia” en el destino de los fondos para su mantenimiento, cuestión que llevó a que sean ellos mismos los que se encargan de las obras.
“En 2026, el problema de los caminos rurales en el partido de 9 de Julio sigue abierto, no solo por su deterioro físico sino por una cuestión más profunda: la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a su mantenimiento y la persistente negativa del municipio a rendir cuentas sobre períodos clave de gestión”, indicó un comunicado de la filial local de la Federación Agraria.
Según relata el escrito, un informe técnico de la municipalidad que comprende los períodos de 2023, 2024 y al período en curso, muestra que “no existe una situación de desfinanciamiento estructural. Sin embargo, lo que sí queda en evidencia es la ausencia de información clara, consolidada y accesible que permita conocer cuánto se recauda anualmente por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y cómo se ejecutan efectivamente esos recursos”.
“Este déficit de transparencia se vuelve aún más grave si se considera que en junio de 2025 se presentó formalmente un pedido de informes e investigación sobre el uso de la tasa vial correspondiente al período 2019–2023, es decir, la gestión del intendente Mariano Barroso. A comienzos de 2026, ese pedido continúa sin respuesta”, argumentaron.
Caminos rurales del partido de 9 de Julio durante la inundación de mediados de 2025. Los productores piden "transparencia" en el uso de los fondos para su mantenimiento.
Por otro lado, denunciaron que, si bien el partido se encuentra comprendido dentro de la emergencia hídrica dictada por Nación, como consecuencia de las inundaciones de mediados de 2025, y el municipio emitió una ordenanza adaptándose a la medida, “desnaturalizando su espíritu, otorgando el beneficio solo para la primera cuota de la tasa vial y negando su aplicación a productores que registraban deudas”.
“En la mayoría de los casos, esas deudas se generaron durante el propio período de inundación, cuando no era posible sacar cereal ni vender animales para generar ingresos”, aseguraron.
Ante esta situación, la filial de FAA afirmó que son los mismos productores quienes “debieron resolver los problemas de transitabilidad con recursos propios y de manera colectiva, organizándose entre vecinos para sostener caminos que el Estado municipal no logró atender”.
Para eso se contrataron maquinarias de forma privada, se aportó combustible, se compraron caños para alcantarillas y se realizaron cesiones de paso por los campos para permitir la circulación, remarcaron. “Todo este esfuerzo fue asumido de manera privada, supliendo en los hechos la ineficiencia del Estado municipal, sin reconocimiento institucional ni reflejo alguno en las rendiciones oficiales”, agregaron.
“Cuando las rendiciones no se muestran, los pedidos de informes no se responden y las ordenanzas se reglamentan en sentido contrario a su espíritu, la confianza pública se erosiona. Y cuando el Estado parece más preocupado por recaudar que por comprender la realidad de quienes sostienen la economía local, la duda sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos se vuelve inevitable”, concluyó la FAA local.
Licitación de banquinas
En el interín, la municipalidad abrió un proceso de convocatoria para llicitar la producción en banquinas lindantes a la Ruta Provincial N°65.
Según indicaron desde la intendencia, la iniciativa se impulsa en el marco de la Ley Provincial N° 10.342 y en la Ordenanza Municipal N°2882/91, que habilita el otorgamiento de permisos precarios para la explotación de estas superficies.
La municipalidad de 9 de Julio abrió una convocatoria para licitar la siembra de banquinas.
Los permisos otorgados tendrán una vigencia máxima de un año y estará destinada a propietarios o arrendatarios frentistas, aunque también podrán participar de la compulsas entidades de bien público.
Fuente: Clarin Rural
