El negocio lechero cambió respecto a 2025 y los problemas de rentabilidad volvieron a los tambos de la mano de la caída de los precios pagados a los productores. Pero ese no es el único factor que deteriora los números, sino que la presión impositiva también hace lo suyo.
Según un trabajo conjunto realizado por la Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), “el número de impuestos y de renta perdida es abrumador” y destacaron “la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que invite a invertir y a salir de la informalidad rápidamente”.
El trabajo, que fue dado a conocer por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indica que la carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas.
“En ese cóctel que invita al abandono, hay tributos de diversa índole: nacionales, provinciales y municipales”, detallaron las entidades.
Dentro de los impuestos nacionales (gestionados por ARCA, ex-AFIP) se destaca el Impuesto a las Ganancias (Sociedades y Personas Físicas) que se aplica una escala progresiva que varía entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta, apuntaron.
“En 2026, la alícuota máxima del 35% aplica a rentas superiores a aproximadamente $347 millones. Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado, es justo", sostuvieron desde Meprolsafe y Carsfe.
En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) "posee una alícuota general del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos", agregaron.
En la lista también figura el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como "impuesto al cheque", que grava los movimientos en cuentas corrientes.
"Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto. Pedimos su eliminación", afirmaron desde las entidades y agregaron: "Otro ejemplo es el Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se paga cada vez que se carga nafta o gasoil. Consideramos que se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos y al consumo y al turismo por parte de los consumidores finales”.
El sector debe tributar 37 impuestos nacionales, provinciales y municipales.
"Algo parecido sucede con los impuestos internos a tecnología y electrónicos. La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas. Solicitamos se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo", adujeron.
Respecto de las Cargas Sociales se plantearon modificaciones hacia un sistema más moderno y sobre Retenciones y Percepcioness -que actúan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA aplicados en diversas transacciones comerciales- se consideró literalmente su eliminación.
"Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo", afirmaron, al tiempo que rescataron la importancia del Monotributo, aunque solicitaron mayores controles ante maniobras de evasión.
En el rubro de los impuestos provinciales, emergen como los de mayor impacto los Ingresos Brutos (IIBB), que gravan la facturación bruta con alícuotas que suelen oscilar entre el 1,5% y el 5%, dependiendo de la actividad y la jurisdicción; el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural.
Asimismo, las Tasas Municipales, que "casi siempre se aplican con el compromiso de prestar servicios que no se prestan".
Informalidad y desafíos para 2026
Pero otro punto clave que desde las entidades destacan como una problemática de consideración, es la creciente informalidad en el sector lechero.
Así, Meprolsafe y Carsfe detectaron en las charlas con productores y demás eslabones de la cadena una “realidad dramática”: la informalidad es superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, “todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal”.
"Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal", esgrimieron desde Carsfe.
La informalidad llega al 40% en el negocio lechero.
Ante el panorama descrito, las dos entidades coincidieron en que “es indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera que hoy enfrenta un grave problema de rentabilidad”.
En ese sentido, marcaron que “debe propenderse a mantener la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos frente a la escalada de costos y la presión fiscal; mejorar la competitividad, tanto para el mercado interno (consumo) como para la exportación y asegurar financiamiento y rentabilidad para seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia”.
Fuente: Clarin Rural
