Argentina se encuentra frente a una paradoja productiva. Mientras el Gobierno de Javier Milei proyecta alcanzar las 300 millones de toneladas de granos para el final de su mandato, los datos de la campaña 2025/26 muestran una realidad bien diferente: mientras Brasil proyecta un récord histórico de 180 millones de toneladas de soja, Argentina lucha por consolidar apenas 50 millones.
Los números son contundentes. Al analizar las últimas dos décadas, la productividad por hectárea ha tomado caminos divergentes entre los dos gigantes del Mercosur. La falta de un marco legal que proteja la propiedad intelectual ha generado un "techo" de cristal en los rendimientos. Mientras que en el año 2000 ambos países tenían rendimientos similares, hoy la “grieta” tecnológica entre los rendimientos de ambos países es 24% favorable a Brasil. Al tener un sistema de propiedad intelectual robusto y fiscalizado, el vecino país atrae el doble de eventos biotecnológicos y programas de mejoramiento que la Argentina.
Mientras que las retenciones a la exportaciones están en boca de todos y hay un amplio consenso en considerarlas un impuesto aberrante, el marco legal que protege la propiedad intelectual de las creaciones fitogenéticas genera profundas polémicas entre obtentores y las organizaciones de productores. El principal argumento en contra de su implementación se sostiene, curiosamente, a manera de compensación por las altas retenciones fiscales. El argumento esgrimido es que el ahorro en la semila (usando "bolsa blanca" o uso propio no declarado) es una forma de supervivencia financiera frente a la presión impositiva.
Sin embargo, carecer de un sistema que proteja la propiedad intelectual funciona como una retención al revés: no es dinero que el Estado le quita al salir el grano por el puerto, sino riqueza que el productor nunca llega a generar por falta de herramientas.
UPOV es la siglas en inglés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es una organización intergubernamental creada en 1961 para asegurar que quienes crean nuevas variedades de plantas (los "fitomejoradores") reciban un derecho de propiedad intelectual sobre su invención. La UPOV ha tenido varias revisiones (1961, 1972, 1978 y 1991). Argentina nunca adhirió al acta de 1991 que es la versión más reciente y las más estricta. Cuando un país se adhiere a UPOV 91, está aceptando un nivel de protección muy alto para los creadores de semillas. Básicamente, es el "estándar de oro" para la protección de nuevas variedades vegetales.
Sin protección clara, las empresas semilleras demoran o cancelan el lanzamiento de nuevas variedades o nuevos eventos en el mercado local. El uso de semilla no certificada (la denominada "bolsa blanca") reduce el potencial de rinde. Se estima que si Argentina cerrara la brecha de productividad con Brasil, sólo en soja se generarían 12 millones de toneladas adicionales, equivalentes a unos US$ 5.000 millones extra en exportaciones.
Adherir a UPOV 91 significa pasar de un modelo donde el "uso propio" de la semilla es un derecho absoluto y, a veces, abusado, a uno donde es una excepción regulada, y onerosa para los grandes jugadores. Esto no es solo una medida legal; es una señal a los mercados globales de que Argentina ha decidido dejar de ser un "pirata biotecnológico" para convertirse en un socio de la innovación.
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei ha reducido los derechos de exportación a la soja 9 puntos (del 33% inicial al 24% actual). Un esfuerzo encomiable pero no suficiente. Terminar con las retenciones fiscales es solo la mitad de la batalla para el campo argentino. La otra mitad es eliminar las retenciones tecnológicas. Si el Congreso acompaña la adhesión a UPOV 91, Argentina estará apostando a que el motor del crecimiento no sea solo el área sembrada, sino la inteligencia aplicada en cada semilla.
Es imperioso terminar también con las retenciones tecnológicas. El anuncio del Presidente en la apertura de sesiones legislativas de 2026 para adherir a UPOV 91 busca formalizar este mercado. El argumento es disruptivo: para producir como el primer mundo, hay que pagar la tecnología como en el primer mundo.
Fuente: Clarin Rural